La seguridad es una de las principales preocupaciones de muchas comunidades de propietarios. Ante el aumento de robos o actos vandálicos, cada vez son más los edificios que estudian instalar cámaras de videovigilancia en las zonas comunes. Sin embargo, antes de iniciar el proyecto conviene conocer qué requisitos legales deben cumplirse.
El primer paso es que la instalación sea aprobada por la comunidad de propietarios mediante el acuerdo correspondiente en junta. La legislación establece una mayoría cualificada para implantar este tipo de sistemas, por lo que no basta con la decisión de un único vecino o del presidente de la comunidad.
Una vez adoptado el acuerdo, es necesario reflejarlo en el acta de la reunión junto con el resultado de la votación. Este documento será una de las principales garantías de que la instalación se ha realizado conforme a la normativa vigente.
Además, el sistema de videovigilancia debe cumplir la normativa de protección de datos. Es obligatorio informar mediante carteles visibles de que existe grabación de imágenes y determinar quién será el responsable del tratamiento de esos datos. Las grabaciones únicamente podrán utilizarse con fines de seguridad y deberán conservarse durante el plazo legalmente establecido, salvo que exista una investigación en curso.
Otro aspecto importante es la ubicación de las cámaras. Deben enfocarse exclusivamente a las zonas comunes necesarias para garantizar la seguridad y evitar captar imágenes del interior de viviendas, terrazas privadas o espacios ajenos a la comunidad. Asimismo, solo de forma excepcional puede aparecer una mínima parte de la vía pública cuando resulte imprescindible para controlar el acceso al edificio.
También conviene conservar la documentación técnica de la instalación, los contratos con la empresa instaladora y cualquier documento relacionado con el mantenimiento del sistema. De esta forma será más sencillo acreditar que todo el procedimiento se ha desarrollado correctamente.
La instalación de cámaras puede mejorar la seguridad y aportar tranquilidad a los vecinos, pero únicamente cuando se respetan tanto la Ley de Propiedad Horizontal como la normativa sobre protección de datos.
En RK Red Oriol recordamos que una comunidad bien gestionada, con sus instalaciones adaptadas a la normativa y correctamente documentadas, aporta confianza tanto a los propietarios como a quienes están pensando en adquirir una vivienda en el edificio.
